Abelina López bajo presión: narcopolíticos en la mira de la DEA por el caso de los marinos desaparecidos

La alcaldesa reelecta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, enfrenta nuevas señales de presión tras la reactivación del caso de los marinos desaparecidos en 2022 y las crecientes sospechas sobre presuntos vínculos con operadores del narcotráfico.

El caso gira en torno a los marinos Óscar González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, asignados como escoltas del entonces senador José Narro Céspedes. Ambos fueron reportados como desaparecidos tras haber sido enviados por la alcaldesa a cumplir funciones con el legislador. Pese a que tanto Narro como López negaron conocer los hechos, nuevas investigaciones apuntan a que el caso sigue abierto y bajo seguimiento internacional.

Uno de los nombres clave en este entramado es Teodoro Vázquez Barrera, alias “El Gerry”, presunto operador de grupos criminales y señalado como posible patrocinador de campañas políticas en Guerrero. Fuentes extraoficiales lo vinculan con el financiamiento de estructuras electorales locales y su desaparición se produjo al poco tiempo de haber sido visto en reuniones con actores políticos, entre ellos los marinos desaparecidos.

Además, se han identificado cuentas bancarias y movimientos financieros sospechosos que podrían relacionarse con el desvío de recursos hacia campañas en el sur del país. Algunas de estas operaciones habrían sido realizadas mediante empresas fachada y personas cercanas al círculo político local.

Este panorama ha llevado a agencias internacionales a colocar bajo la lupa a varios personajes políticos del estado de Guerrero, entre ellos figuras actuales con cargos de elección popular. En el entorno de Abelina López, la situación complica sus aspiraciones futuras, ya que se le ha mencionado como una de las posibles cartas fuertes de su partido para competir por la gubernatura en 2027.

Aunque hasta el momento no existen imputaciones legales formales en su contra, las investigaciones continúan y podrían derivar en procesos judiciales, sanciones o inhabilitaciones, dependiendo de los resultados que arrojen las indagatorias en curso.

Mientras tanto, la opinión pública se mantiene expectante ante un caso que revive uno de los episodios más delicados en la reciente historia política de Acapulco y que podría tener consecuencias a nivel estatal y nacional.