Reportan intentos de extorsión en fraccionamientos de Acapulco

Autoridades locales y vecinos de distintos fraccionamientos del puerto han reportado en los últimos años posibles intentos de extorsión y cobros irregulares vinculados con la administración y el control de accesos en conjuntos residenciales.

En abril de 2025, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de un vigilante en el fraccionamiento Tulipanes, señalado por tentativa de extorsión. Según la autoridad, el individuo habría solicitado 40 mil pesos a un propietario a cambio de permitirle el ingreso a su domicilio. El caso derivó en una investigación penal y la clausura temporal de la caseta de vigilancia.

Situaciones similares se han registrado en otros desarrollos. En Real del Palmar, en 2021, vecinos denunciaron cobros adicionales por acceso, TAG y mantenimiento, considerados improcedentes. Aunque el caso no concluyó en sentencia, fue documentado por medios locales y derivó en la revisión de contratos de administración.

Fuentes vecinales señalan que, en algunos conjuntos de la zona Diamante, se han promovido cambios de empresas administradoras sin actas formales, lo que ha generado preocupación por la falta de transparencia en el manejo de cuotas y la contratación de servicios de seguridad privada.

Estos hechos ocurren en un contexto en el que la extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en Guerrero. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, del Inegi, ubica este delito entre los de mayor impacto en el estado. Por su parte, la Canaco Acapulco ha reportado pérdidas económicas significativas derivadas de cierres y presiones a comerciantes por cobros ilegales.

A nivel federal, el Congreso analiza la Ley General contra la Extorsión, que busca homologar el tipo penal en todo el país, permitir investigaciones de oficio, fortalecer el número de denuncia anónima 089 y facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas relacionadas con estas prácticas.

Autoridades estatales reconocen que las denuncias por cobros irregulares en fraccionamientos forman parte de una investigación más amplia sobre esquemas de extorsión que aprovechan vacíos administrativos y la falta de regulación en servicios de seguridad privada. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de una red estructurada, pero se mantiene seguimiento sobre los casos reportados.