Rehabilitación SSP Acapulco: 27 millones sin mejoras visibles

La anunciada inversión de 27 millones de pesos para la supuesta rehabilitación integral de los edificios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco se ha convertido en un nuevo foco de cuestionamientos. Lejos de reflejarse en condiciones laborales dignas para el personal operativo y administrativo, la obra dejó dudas sobre su impacto real y abrió señalamientos por presuntos beneficios a allegados del poder, mientras los trabajadores continúan enfrentando carencias básicas.

Una rehabilitación millonaria sin mejoras visibles

De acuerdo con trabajadores de la SSP, las condiciones de los inmuebles no muestran cambios acordes con una inversión de esta magnitud. Oficinas deterioradas, áreas comunes sin mantenimiento adecuado y deficiencias estructurales siguen siendo parte del entorno cotidiano del personal encargado de la seguridad pública.

A pesar del discurso oficial que prometía dignificar los espacios laborales, los beneficios no se reflejaron en la realidad diaria, generando inconformidad y desconfianza entre quienes esperaban mejoras tangibles.

Obra pública que favorece intereses familiares

Uno de los señalamientos más delicados apunta a que la ejecución de la obra benefició directamente a un hermano del exdirector de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Arturo Latabán López.

Presunto tráfico de influencias desde la Ciudad de México

Según la información recabada, el familiar involucrado reside actualmente en la Ciudad de México, donde continúa ligado a la administración pública como asesor, mientras los contratos y recursos siguen fluyendo a través de redes de confianza y parentesco, una práctica recurrente que ha marcado múltiples obras públicas en Acapulco.

Recursos públicos SSP, lejos de su fin social

El caso evidencia una problemática estructural: la desviación del sentido social de los recursos públicos SSP, que deberían destinarse a mejorar condiciones laborales, fortalecer la operatividad policial y garantizar espacios seguros para quienes enfrentan diariamente la violencia en el puerto.

En lugar de ello, la obra se convirtió en un negocio rentable para unos cuantos, reforzando la percepción de que en Acapulco la infraestructura pública sigue siendo utilizada como botín político y económico.

Promesas oficiales frente a la realidad laboral

Mientras los discursos hablan de modernización y dignificación, la realidad para los trabajadores de la SSP sigue siendo de abandono. La brecha entre lo anunciado y lo ejecutado revive el viejo adagio: prometer no empobrece, pero incumplir sí afecta directamente a quienes sostienen la seguridad del municipio.

Hasta el momento, no hay un posicionamiento oficial que explique con claridad el destino detallado de los 27 millones de pesos, ni una auditoría pública que justifique los resultados de la obra.

El caso de la rehabilitación SSP Acapulco no solo cuestiona el uso de 27 millones de pesos, sino que vuelve a exhibir cómo la corrupción en Acapulco sigue normalizando el uso familiar de la obra pública, mientras la dignidad laboral de policías y trabajadores continúa relegada a una promesa vacía.