Alcoholímetro abre debate en Acapulco

La implementación del alcoholímetro en Acapulco abrió un intenso debate público. Mientras la alcaldesa Abelina López Rodríguez defiende la medida como una acción preventiva para salvar vidas, amplios sectores ciudadanos cuestionan que el foco mediático esté puesto en este operativo, cuando la crisis del agua en Acapulco mantiene a miles de familias sin el servicio básico.

Alcoholímetro en Acapulco: prevención vs. rechazo empresarial

La presidenta municipal sostuvo que el alcoholímetro en Acapulco no tiene fines recaudatorios ni de persecución, sino de prevención. Según datos oficiales, en el último año se registraron más de 80 accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, lo que, afirmó, justifica la medida.

No obstante, la CANACO-Servytur Acapulco rechazó frontalmente el operativo. El organismo empresarial calificó la estrategia como arbitraria y advirtió que promoverá amparos legales, al considerar que afecta la imagen turística y el derecho al libre tránsito, además de que —según su postura— no existen cifras que respalden su necesidad.

Sector turístico dividido, pero con respaldo parcial

En contraste, el Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos de Acapulco manifestó su respaldo al alcoholímetro, siempre que exista transparencia, reglas claras y piso parejo.

El empresario restaurantero Jesús Zamora afirmó que el orden vial es indispensable para la evolución del destino turístico. Aseguró que los visitantes respetan normas similares en otros destinos y que Acapulco no puede seguir siendo permisivo.

En la misma línea, Marcos Antonio Velázquez Girón, dirigente del frente de prestadores de servicios turísticos de Zofemat, señaló que el alcoholímetro podría incluso generar mayor derrama económica en el transporte público, siempre que se aplique sin influyentismo.

Crisis del agua en Acapulco: una emergencia mayor

Más allá del debate vial, la crisis del agua en Acapulco alcanza niveles críticos. Al menos 400 mil personas —casi la mitad de la población— enfrentan desabasto severo, una problemática histórica que se agravó tras el sismo de 6.5 grados del 2 de enero.

El movimiento telúrico dañó gravemente los sistemas Papagayo II y el acueducto Lomas de Chapultepec, responsables de abastecer hasta 2,600 litros por segundo a la ciudad y la zona turística. La alcaldesa reconoció que la reparación total podría tardar entre ocho y diez días, aunque prometió acelerar los trabajos.

Respuesta limitada y colapso operativo

Actualmente, la respuesta institucional resulta insuficiente. La CAPAMA no cuenta con pipas propias para emergencias, ya que las dos existentes quedaron inservibles tras el huracán Otis en 2023.

La distribución depende de apenas 17 pipas prestadas por Conagua y CAPASEG, incapaces de atender más de 100 solicitudes diarias. Como resultado, colonias de la parte alta enfrentan listas de espera de hasta un mes, obligando a familias a pagar entre mil y dos mil pesos por pipas privadas o a realizar conexiones artesanales y riesgosas.

Discurso oficial vs. realidad ciudadana

Mientras Abelina López Rodríguez insiste en que la crisis del agua no debe politizarse y que se resolverá con inversión —prometiendo proyectos superiores a los 600 millones de pesos—, vecinos de colonias como Hogar Moderno denuncian meses completos sin una gota de agua.

La narrativa institucional contrasta con una realidad marcada por desesperación, gasto extraordinario y desgaste social. En este escenario, el debate sobre el alcoholímetro parece avanzar más rápido que las soluciones a una emergencia hídrica que ya impacta la vida cotidiana.

El alcoholímetro en Acapulco puede ser una medida preventiva válida, pero la crisis del agua exige respuestas urgentes y proporcionales. Mientras se discute el orden vial, miles de familias siguen esperando lo más básico: agua para vivir.